Una ley natimuerta

“La ejecución de las sentencias participa del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Tribunal Constitucional Dominicano

El 26 de septiembre del año 2019 en curso fue promulgada la Ley 396-19 mediante la cual el poder legislativo dio cumplimiento, aunque de manera tardía, a la sentencia TC/0110/13 del 4 de julio del año 2013. En esta el Tribunal Constitucional Dominicano exhortaba al Congreso Nacional para que en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de que le fuera notificada la misma, dictara una ley mediante la cual se estableciera el modo en que el Poder Judicial ejercería la facultad ejecutiva jurisdiccional que le confiere el párrafo I, del artículo 149 de la Constitución.

La exhortación contenida en la sentencia citada era una consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Resolución núm. 14379-5, de fecha 11 de noviembre del año 2005, dictada por la Procuraduría General de la República, mediante la cual se regulaba el otorgamiento de la Fuerza Pública a los fines de la ejecución de sentencias firmes, por contravenir los artículos 40.15, 68, 69, 93.q y 149, párrafo I, de la Constitución de la República.

El razonamiento que llevó al tribunal Constitucional a declarar no conforme con la Constitución la citada resolución fue, entre otros aspectos, el hecho cierto de que: “[…] a partir de la vigente Constitución lo relativo a la potestad de ejecución de las decisiones dictadas por los tribunales del orden judicial, corresponde exclusivamente a los propios órganos judiciales como una manifestación típica de la potestad jurisdiccional que la Constitución les ha conferido en su artículo 149”.

            Ciertamente, la Procuraduría General de la República carecía de facultades jurisdiccionales y en consecuencia estaba imposibilitada de reglamentar una atribución que la constitución le confiere de manera exclusiva al poder judicial, cuando dispone en su artículo 149[1] que la función judicial, cuyo ejercicio corresponde a los tribunales, comporta no solo juzgar sino igualmente hacer ejecutar lo juzgado, ya que, como bien lo advierte el tribunal Constitucional en la decisión de marras, “la función jurídica (sic) no culmina con la expedición de una sentencia, sino que incluye hacer efectivo el cumplimiento de esa decisión”.

No obstante a la claridad meridiana con la que el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, dispuso que el Congreso Nacional debía legislar “sobre el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad ejecutiva jurisdiccional”, mediante la recién promulgada Ley 396-19 se estableció en su artículo cinco que: “El Ministerio Público es el órgano responsable del otorgamiento de la fuerza pública, para las ejecuciones de las sentencias o de los títulos ejecutorios, a requerimiento de sus beneficiarios o de los titulares de los derechos”. 

El mandato al cual debió ceñirse el legislador era el de votar una pieza legislativa que organizara la forma en que el Poder Judicial, y solo este, ejerciera la potestad jurisdiccional que en materia de vías de ejecución le fue conferida constitucionalmente. Al cederle dichas atribuciones al Ministerio Público el legislador votó una ley natimuerta, puesto que al desconocer el precedente contenido en la sentencia TC/0110/13, la Ley 396-19 quedó afectada de una nulidad absoluta; así como de una manifiesta inconstitucionalidad por violar las disposiciones de los artículos 68, 69 y 149, párrafo I, de la Constitución de la República.

El problema de fondo, el cual deberá tomar en cuenta el Tribunal Constitucional cuando este asunto sea llevado ante su foro, radica en el hecho de que el Poder Judicial, y más específicamente los tribunales, no disponen del control de la Fuerza Pública ya que esta, de conformidad con el artículo 11 de  la Ley 590-16[2], es ejercida por la Policía Nacional la cual está bajo la autoridad del Presidente de la República por disposición expresa del artículo 128 de la Constitución de la República.

El Ministerio Público, el cual está dirigido por el Procurador General de la República[3], quien a su vez es designado por el Presidente de la República, es quien dispone, por delegación de este ultimo, del control de la fuerza pública.

Una cosa es estatuir sobre las dificultades de ejecución de una sentencia y otra diferente es disponer de las fuerzas policiales para proteger la integridad física del ministerial que intervenga en la ejecución de una sentencia.  El mandato del párrafo I del artículo 149 de la Constitución se concretiza mediante las atribuciones que el artículo 112 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978 le confiere al juez de los referimientos, norma que dispone que: “Puede igualmente el presidente del tribunal estatuir en referimiento sobre las dificultades de ejecución de una sentencia o de otro título ejecutorio”.

Frente a un título ejecutorio o una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o revestida de la ejecutoriedad provisional, le corresponde a un alguacil[4] ejecutarla y al juez de los referimientos resolver cualquier dificultad que se presente en cuanto a dicha ejecución, pero ni uno ni el otro tienen facultades para disponer del auxilio de la fuerza pública, a los fines de preservar el orden público y salvaguardar la integridad física del ministerial actuante.

Ahora bien, la intervención del Ministerio Público en la concesión de la fuerza pública debe ser de puro trámite, sin inmiscuirse en asuntos jurisdiccionales. El Ministerio Público debe limitarse, tal y como lo dispone el artículo 26.14 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, a “Canalizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública”.

      Si bien es perfectible, la solución adoptada por la Ley 396-19 para el otorgamiento de la fuerza pública a los fines del ejercicio de las vías de ejecución, es por mucho mejor que lo que pretendía el proyecto de ley original. Inicialmente se contemplaba que la autorización de la fuerza pública sería otorgada por el Juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial del lugar de la ejecución, quien, en los casos de títulos ejecutorios, debería firmar las actas levantadas por el ministerial actuante. Asimismo, se pretendía que el ministerial estuviera acompañado del Juez de Paz del lugar de la ejecución, a los fines de supervisar sus actos.

Sobre el contenido de la nueva ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, tanto en cuanto a sus aspectos positivos como de sus falencias nos referiremos en otro trabajo.

---

[1] Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

[2] Artículo 11. Agentes de la autoridad. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Policía Nacional son agentes de la autoridad y depositarios de la fuerza pública.

[3] Artículo 172 de la Constitución.- Integración e incompatibilidades. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige, y por las y los demás representantes establecidos por la ley.

[4] La Ley 396-19 les devuelve a los alguaciles las funciones de levantar las actas de embargo que la Ley 140-15 le había traspasado a los Notarios.